En las fronteras norte y sur de México se disputa visible y violentamente el derecho a la movilidad de las personas. En los últimos años, el escenario migratorio de este país ha vivido un proceso de cambio, pasando de ser un territorio de tránsito a uno de residencia de muchos migrantes candidatos a recibir asilo. Esto ha respondido, fundamentalmente, a complejas dinámicas regionales de control, gestión y contención de las migraciones, que se producen en un tablero geopolítico dominado estructuralmente por Estados Unidos. En el 2018, este país declaró una crisis humanitaria tras la llegada de las Caravanas Migrantes que, de la mano de la consolidada arquitectura política de securitización y externalización de las fronteras, visiblemente construyó un “problema humanitario” en sus puertas. La delimitación de este problema ha construido un estado de crisis permanente que está a la base y legitima el funcionamiento de ambas la arquitectura securitaria y la humanitaria y termina confinando, vulnerabilizando y violando los derechos humanos de las personas migrantes. Si las formas de gestión de las migraciones en la región se han enmarcado históricamente en el paradigma securitario, resulta urgente mirar a los cambios e implicaciones derivados de la entrada del humanitarismo en el escenario. En esta línea, el propósito de esta publicación es evidenciar el impacto de las dinámicas securitarias y humanitarias en México y el proceso de producción de una frontera humanitaria en el país.

Arquitectura de seguridad México-Estados Unidos

Desde que las fronteras se han convertido en un elemento central de control migratorio y espacios de violenta disputa del derecho a la movilidad, el humanitarismo se ha introducido como una dimensión protagónica de los espacios fronterizos (Walters, 2011), al ser una compleja y heterogénea arquitectura de principios, narrativas y prácticas que responde al imperativo moral de intervenir en los contextos de crisis para aliviar el sufrimiento humano. En este sentido, la articulación ambigua y contradictoria entre los paradigmas de seguridad y humanitarismo en el ámbito de la gestión migratoria en México, evidencia la producción de nuevos espacios y estrategias de gobernanza humanitaria de las migraciones en que se reproducen y aplican las lógicas fronterizas, que William Walters (2011) recoge bajo el paradigma de fronteras humanitarias. México está participando de la construcción de una frontera humanitaria en sus fronteras sur y norte, así como a lo largo del país, reproduciendo lógicas de confinamiento y contención construidas en términos humanitarios de asistencia y protección a la población migrante. Para comprender dichos procesos de cambio expondré, en primer lugar, los principales elementos que constituyen la política migratoria regional y de México. Sucesivamente, explicaré el proceso de incorporación de un discurso oficial humanitario en la construcción de una “crisis” migratoria como elemento que refuerza la aplicación de prácticas de confinamiento, contención y disuasión de las migraciones.

México se ha convertido en una frontera vertical (Torre-Cantalapiedra y Yee-Quintero, 2018). Ya desde los años 60, su territorio ha sido área de tránsito de un proceso migratorio protagonizado por personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador en Centroamérica, región afectada por violentos conflictos internos y desigualdad estructural, y, más recientemente, también de Cuba, Haití y Venezuela. Identificada como una migración de tránsito, la migración extranjera en México no figuraba como problema político en la agenda pública del país, donde la prioridad era la salida de migrantes mexicanos hacia el vecino del norte (Bruce y Rosales Martínez, 2021). De hecho, la política migratoria mexicana de contención implementada a partir de los años 90 responde directamente a las peticiones de Estados Unidos, preocupado por defender sus fronteras, tendencia que se ha reforzado y consolidado visiblemente tras los atentados del 2001 (París Pombo, 2019). A partir de entonces, se inicia una época de profundos cambios políticos a nivel global, caracterizada por una intensificación del nexo entre seguridad y migración.

La cooperación México-Estados Unidos se ha ido enmarcando en un paradigma de seguridad nacional (París Pombo, 2019), y ha consolidado una arquitectura basada en políticas migratorias restrictivas. En esta línea, la crisis humanitaria de 2014, que buscaba responder a la llegada de menores no acompañados a la frontera norte de México, fue un pretexto para la implementación del Programa Integral para la Frontera Sur en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018) (París Pombo, 2019). Este programa desencadenó una intensificación de la militarización del territorio mexicano y de las políticas de disuasión de las migraciones[1], así como un dramático incremento de las detenciones y deportaciones de migrantes (Manjarrez, 2018). Según esta autora, el programa se construyó a partir de la ambigua articulación entre el marco humanitario y de derechos humanos con el de seguridad regional, con la real voluntad política de dificultar más el cruce del territorio mexicano. Esto obligó a los migrantes a buscar otras rutas por áreas poco pobladas, exponiéndose a repetidas violaciones de sus DD.HH., secuestros y desapariciones cometidos tanto por las redes de criminalidad organizada como por cuerpos de seguridad. Resulta evidente que el proceso de securitización y fronterización no se ha limitado a las fronteras sur y norte de México, sino que se reproduce a lo largo de todo el país, en algunas regiones de manera invisibilizada (Cortés y Manjarrez, 2017).

Nuevas formas de movilidad: respuestas políticas a las Caravanas Migrantes

En Octubre de 2018, un grupo de 300 personas se reunió en San Pedro Sula, Honduras, con la intención de migrar juntas a Estados Unidos en una Caravana Migrante como acto de oposición al sistema político hondureño y de desafío a la arquitectura fronteriza regional. La convocatoria en redes sociales incrementó rápidamente el número de personas que se sumaron a esta iniciativa, llegando a contabilizar siete mil personas una vez entradas a México[2] y consolidando una nueva forma de movilidad colectiva. En el escenario político regional, las Caravanas fueron objeto de una hipervisibilización mediática y política nutrida por el discurso anti-migrante de Donald Trump. A nivel nacional, el cambio en la Presidencia de México y la implicación activa del país en los principales acuerdos sobre migración a nivel global[3] impulsaron una reconfiguración de su agenda pública, reconociendo la migración extranjera como un problema político al cual tenía que responder visiblemente. Esta coyuntura se tradujo en la declaración de la mencionada “crisis humanitaria” de 2018, facilitando la aplicación de políticas restrictivas presentadas en términos humanitarios de protección y atención a las personas migrantes.

México, representado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, electo en diciembre de 2018, pretendió posicionarse en una política que rompía con la presión geopolítica estadounidense, entregando visas humanitarias a los migrantes. El intento fue breve, puesto que la tendencia regional impuso nuevamente el marco de seguridad a través de la implementación del “Protocolo de Protección a Migrantes”, o programa “Quédate en México” en enero de 2019[4], que obliga las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos a esperar la resolución de su solicitud en México, designado como el encargado de proveer ayuda humanitaria durante la espera. Las consecuencias de este programa son muy graves, generando una situación de sobrepoblación en la frontera al confinar a las personas migrantes en territorio mexicano por largos tiempos de espera, en condiciones de vulnerabilidad. Según el Boletín de Estadística Migratoria de México, el país registró en 2019 a 182.940 personas ante la autoridad migratoria, principalmente de Honduras (78.232), Guatemala (52,412) y El Salvador (21.494). En ese mismo año, México devolvió a 149.812 personas, en su mayoría de Honduras (72.125), Guatemala (50.794) y El Salvador (20.039) (Unidad de Política Migratoria, 2019). Si bien se registró un descenso del numero de personas migrantes en 2020 por efecto de la pandemia Covid-19, en 2021 se registró la entrada de 307.679 personas[5] y un descenso porcentual en el número de devoluciones, con un total de 114.366 (Unidad de Política Migratoria, 2021) frente a un fuerte incremento de las solicitudes de asilo en México.

Según los datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), en 2017 se registró un total de 14.596 solicitudes de asilo en el país (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2017) frente a las 70.351 en 2019, 40.996 en 2020 y 131.448 en 2021 (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2021). El aumento de las solicitudes de asilo en México es una clara consecuencia de las políticas migratorias de contención y disuasión aplicadas en la región que retienen y fijan a la población migrante en territorio mexicano, obligando a muchas personas a acudir al asilo para evadir la deportación y los peligros del camino migratorio. A raíz de este cambio, se asistió a un incremento de los actores no gubernamentales nacionales e internacionales, asociaciones y organizaciones internacionales implicados en la asistencia humanitaria en la frontera y en estados del interior del país. Junto con la Iglesia Católica, actor históricamente implicado en la atención humanitaria a la población migrante en México, estos actores tienen que negociar y trabajar en un escenario de evidente tensión gobernado por el paradigma de la seguridad.

Implicaciones políticas

Como es tendencia en muchas fronteras a nivel global, en México observamos un proceso de humanitarización (De Lauri, 2019) que, según el análisis del autor, se nutre del uso político e ideológico de la crisis como una herramienta de control político. La crisis es una retorica (Sørensen, 2021) que participa del proceso de humanitarización de las migraciones en México, es decir de la construcción de las migraciones como un problema humanitario (Benincasa y Cortés, 2021). Esto tiene la consecuencia de separarlas de sus causas estructurales y políticas, elevándolas a la dimensión del presente y construyéndolas como un problema repentino e inesperado (Cortés y Moncó, 2021) que necesita una respuesta inmediata. Delimita, así, un objeto humanitario compuesto por personas que sufren y que deben ser atendidas y que, a la vez, representan una amenaza a la seguridad nacional (Bruce y Rosales Martínez, 2021). Si bien la migración es un proceso estructural de la historia social y política de la región centro-norte americana, el estado mexicano se posiciona en la excepcionalidad propia de la política de la crisis para legitimar y justificar la implementación de políticas migratorias restrictivas con el objetivo político de atender a las prioridades de seguridad regionales y nacionales. En este escenario, México se presenta como el actor encargado de “atender” y “proteger” a la población migrante confinada en su territorio, a la vez que aplica medidas de contención y disuasión intensificando la militarización del país y de su frontera sur.

Si bien es importante evidenciar las diferencias entre la política humanitaria estatal y el relevante trabajo de las organizaciones (De Lauri, 2018), en este escenario el campo de acción del humanitarismo es limitado y resulta, de alguna forma, problemático. Para trabajar, los actores humanitarios deben negociar con un contexto dominado por la ley de seguridad. Además, la espectacularización del sufrimiento como motor de la intervención, nutre las lógicas de la crisis, produciendo e hipervisibilizando categorías de sujetos migrantes desde los registros de la compasión y la vulnerabilidad y delimitando un objeto humanitario despolitizado con necesidades relativas a la mera supervivencia humana. El humanitarismo, según estas lógicas, se articula con el régimen de control migratorio en México con la consecuencia, aunque indeseada, de sostener y mantener dinámicas que inciden en la movilidad e inmovilidad de las personas migrantes. La introducción del discurso humanitario abre la puerta a posicionamientos ambiguos y contradictorios que participan, en este sentido, del reforzamiento de las jerarquías regionales que siguen marginalizando y violando la condición de los migrantes como sujetos de derechos.

[1] El Programa Integral para la Frontera Sur incluyó una reforma de la infraestructura del tren de carga “La Bestia” utilizado por los migrantes para cruzar México. Esta reforma promovía un aumento de los controles y del personal de seguridad por razones humanitarias con el fin de limitar las muertes y los accidentes de migrantes en el tren. Esta política fue descrita como un instrumento de desaliento de las migraciones, debido a que pretendía complicar el uso del tren para migrar y volver el tránsito migratorio aún más peligroso.

[2] Este acto consolidó una nueva forma de movilidad humana que permanece hoy en día y que encuentra su razón de ser en la visibilización colectiva construida tanto como una estrategia política de reivindicación al derecho a la movilidad como una herramienta de protección colectiva ante los peligros del tránsito migratorio.

[3] México participó activamente en la promoción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular adoptado en Marrakech en 2018, además de asumir la Presidencia Pro tempore del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones para las Américas (Mirps) y de la Conferencia regional sobre Migración en 2021.

[4] Este programa fue suspendido por el Presidente de Estados Unidos Joe Biden a comienzos de su mandato electoral en 2021, y de nuevo reactivado el día 6 de diciembre (Manetto, F., 2021, https://elpais.com/mexico/2021-12-02/estados-unidos-y-el-gobierno-de-lopez-obrador-acuerdan-reactivar-el-programa-quedate-en-mexico.html)

[5] Con respecto a los países de procedencia, siguen destacando Honduras (127.225), Guatemala (80.767) y El Salvador (24.514) como los primeros 3 países por número de presentaciones (Unidad de Política Migratoria, 2021).

Referencias Bibliográficas

Benincasa, V., y Cortés, A. (2021). Humanitarizando la movilidad en México: la migración centroamericana como problema humanitario. Onati Socio-Legal Series, 11(3), 809–832.

Bruce, B., y Rosales Martínez, Y. (2021). Atención humanitaria a la fuerza: gobernanza de la caravana migrante centroamericana en Piedras Negras, Coahuila. En C. Contreras Delgado, M. D. París Pombo, y L. Velasco Ortiz (Eds.), Caravanas Migrantes y Desplazamientos Colectivos en la frontera México-Estados Unidos (pp. 231–264). Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. (2017). Estadísticas COMAR 2013-2017.

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. (2021, January 5). Estadísticas a Diciembre 2021. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690741/Cierre_Diciembre-2021__1-Enero-2022_.pdf

Cortés, A., y Manjarrez, J. (2017). Mujeres, Migración Centroamericana y Violencia: un diagnóstico para el caso de Puebla. Puebla, México: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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De Lauri, A. (2018). Humanitarian borders: The merging of rescue with security and control (Issue 11). Chr. Michelsen Institute. https://www.cmi.no/publications/file/6705-humanitarian-borders.pdf

De Lauri, A. (2019). A Critique of the Humanitarian (B)order of things. Journal of Identity and Migration Studies, 13(2), 148–166.

París Pombo, M. D. (2019). Las barreras migratorias en México y los términos de colaboración con el gobierno estadounidense. En José Luis Calva (Ed.), Migración de Mexicanos a Estados Unidos. Derechos Humanos y Desarrollo. (Vol. 20, pp. 961–982). Ciudad de México: Juan Pablos Editor.

Sørensen, N. N. (2021). Crisis migratoria, género y violencia: una mirada critica desde Centroamérica. En A. Cortés Maisonave y J. Manjarrez Rosas (Eds.), Género y Movilidades: lecturas feministas de la migración (pp. 283–302). Bruxelles: Peter Lung.

Torre-Cantalapiedra, E., y Yee-Quintero, J. C. (2018). México ¿Una frontera vertical? Políticas de control del tránsito migratorio irregular y sus resultados. LiminaR Estudios Sociales y Humanisticos, XVI(2), 87–104.

Unidad de Política Migratoria. (2019). 2019 Boletín Estadístico mensual.

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Walters, W. (2011). Foucault and Frontiers: Notes on the Birth of the Humanitarian Border. En U. Bröckling, S. Krassman, y T. Lemke (Eds.), Governmentality: Current Issues and Future Challenges (pp. 138–164). Routledge.